El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó la controversia por el reajuste del sector público y la denominada “ley de amarre”, reconociendo errores en la comunicación del alcance de la norma. El secretario de Estado afirmó que el Ejecutivo fue claro en excluir a los asesores de los beneficios, pero admitió que el mensaje fue interpretado de forma errónea.
En la misma línea, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó categóricamente la existencia de una “ley de amarre”, calificándola como una construcción política sin sustento. Recalcó que los asesores terminan sus funciones con el mandato presidencial, mientras que los funcionarios de carrera solo pueden ser desvinculados bajo causales legales establecidas.
Finalmente, Grau sostuvo que la iniciativa marca un punto de inflexión en la administración pública, al establecer por primera vez una separación formal entre asesores y funcionarios de planta. A su juicio, la norma fija con claridad que quienes cumplen labores permanentes tienen un régimen distinto, mientras los asesores dejan sus cargos al finalizar cada periodo presidencial.