Polémica se generó entre los expertos y la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), ya que el Comité Científico de Pesquería de Pequeños Pelágicos (CCT) no validó los fundamentos técnicos de la normativa por falta de sustento científico y alertó que se corre el riesgo en la sostenibilidad del océano.
Desde Subpesca solicitaron al comité estudios para definir la cantidad de anchovetas y sardinas españolas que se podrían extraer desde una zona que abarca Arica y Coquimbo. Ante esto, la institución científica se negó y recalcó que el error de la nueva ley es que mezcla dos unidades pesqueras distintas.
Por lo mismo, Subpesca remarcó que la nueva ley fue aprobada por el Tribunal Constitucional y que la normativa se hizo con el fin de remediar el abuso en la distribución de cuotas que, con la ley anterior promovida en 2013, no se vigilaba y permitía un reparto que desfavorecía a los pescadores artesanales.
Por último, la nueva ley puede funcionar, pero sin la aprobación del comité, deja sin un marco que regule la explotación de productos pesqueros, lo que nuevamente podría generar las irregularidades desde la industria.